El país no está preparado para la declaración anticipada obligatoria

Los días 4 y 5 de marzo, se llevó a cabo una reunión en la Escuela de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esta reunión contó con la participación de los gremios de la cadena del comercio exterior, la autoridad aduanera y la Procuraduría General de la Nación (PGN), con el objetivo de revisar  la segunda versión del proyecto de modificación al Decreto 1165 de 2019.

El proyecto de modificación genera incertidumbre

Durante el primer día, Diego Rengifo, Vicepresidente Técnico de la Asociación, destacó varias inconsistencias legales que estarían afectando la expedición de la norma. Entre estas, mencionó que el proyecto introduce nuevos procedimientos y trámites, como la declaración de ingreso y la autorización de pago. Por lo tanto, el proyecto debería contar con la aprobación del Departamento Administrativo de la Función Pública, conforme a la Ley 962 de 2005 para la racionalización de trámites.

Además, señaló que el proyecto no desarrolla los principios ni los objetivos de la Ley Marco de Aduanas, en particular, el de adoptar procedimientos simplificados que faciliten y agilicen las operaciones de comercio exterior. En cambio, la propuesta normativa introduce nuevos controles aduaneros, asuntos que deberían ser regulados por el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías.

También expresó su preocupación por la falta de estudios técnicos sobre el impacto que podría tener la declaración anticipada obligatoria de importación y de ingreso para zonas francas. Según explicaron los importadores, agentes de aduanas, depósitos, operadores de puertos y aeropuertos, y en general, los usuarios de comercio exterior, el país no cuenta con la infraestructura física, de personal y tecnológica necesaria para adoptar este mecanismo de control.

Finalmente, mencionó que el proyecto genera incertidumbre, ya que el artículo de vigencias indica que algunos de los artículos entrarán en vigor cuando la Dian certifique el funcionamiento de los servicios informáticos electrónicos, pero no establece un plazo para su adopción.

Las principales preocupaciones

En el segundo día de la reunión, se conformaron varias mesas técnicas con los funcionarios de la Dian. En estas, el Vicepresidente Técnico, junto con el equipo de la Dirección de Asuntos Legales de Analdex, compuesto por Kiara Rochel y Juan Diego Cano, discutieron varios artículos del proyecto de modificación de aduanas, entre los que se destacan:

1. Los nuevos conceptos de comportamiento esperado y suspensión del pago consolidado, son sanciones. Por tal motivo, su reglamentación es competencia exclusiva del Congreso o el Presidente en uso de facultades especiales. 
2. La solidaridad se predica únicamente en materia patrimonial y tributaria, sin embargo, el proyecto lo extiende hasta la responsabilidad de los usuarios por la comisión de una sanción.  
3. El procedimiento de importación no distingue entre carga y mercancía por lo que la responsabilidad de los actores que intervienen no es precisa y podrían quedar expuestos a una infracción por la incertidumbre normativa.
4. El trámite entre las sociedades de comercialización internacional y usuarios de zonas francas es complejo y elimina los beneficios entre las figuras al obligar a importar los bienes previo a su exportación al resto del mundo.
5. La propuesta normativa sugiere que se terminaría el régimen de tránsito aduanero por lo que es necesario aclarar el alcance sobre el tránsito aduanero, las operaciones de transporte multimodal y el transbordo.

El futuro del proyecto de modificación de aduanas

Al concluir la reunión, el Vicepresidente agradeció a los funcionarios de la Dian por el espacio brindado para discutir los puntos más relevantes del proyecto que generan preocupación en la comunidad del comercio exterior. Aseguró que Analdex es un aliado fundamental en la lucha contra el contrabando y en la construcción de políticas públicas que permitan la simplificación de los trámites aduaneros.

Por su parte, la Dian indicó que los usuarios participarán en las pruebas para implementar las nuevas medidas que trata el proyecto. Además, garantizarán que los operadores de comercio tengan suficiente tiempo para ajustar sus procedimientos entre la expedición del decreto y el desarrollo del servicio informático. Finalmente, manifestación su disposición para realizar conferencias y capacitaciones a los usuarios de comercio exterior sobre todos los cambios que incorpora el proyecto.