Retos en materia de internacionalización para el próximo gobierno.

En materia de comercio exterior cabe destacar que la economía colombiana se caracteriza por un bajo nivel de integración con los mercados internacional, al ubicarse como la tercera más cerrada en América Latina, tan sólo después de Brasil y Argentina.

Si bien el promedio de los aranceles ha pasado 45% a inicios de los noventa a menos del 10% en la última década, el país cuenta con un alto número de medidas de protección para sectores específicos, que no han permitido que el comercio exterior alcance su potencial y han puesto límites a la inserción del país en las cadenas globales de valor. Ejemplo de lo anterior, es que la proporción en el valor extranjero en las exportaciones brutas tan sólo del 10%, muy por debajo del promedio de América Latina, el cual se ubica en 21%

Para revertir esta situación y lograr un aumento considerable, en el nivel de las exportaciones de Colombia, se requiere de una Política de Estado en materia de comercio exterior que cuente con una hoja de ruta enfocada en generar un entorno favorable desde el punto de vista regulatorio y que, apoyando en la tecnología, facilite los engorrosos trámites de las operaciones. 

Una tarea que no es menor, teniendo en cuenta que una empresa colombiana tarda en promedio 6.25 días para realizar un proceso de exportación, cifra significativamente superior a países como Panamá que registra 1 día o Perú con 2 días en promedio. Al respecto, se requiere que la DIAN cuente con una plataforma tecnológica de aduanas para realizar sus trámites, un compromiso que varios gobiernos no pudieron materializar. Además, se requiere, que esta plataforma tecnológica de aduanas para realizar sus trámites, un compromiso que varios gobiernos no pudieron materializar. Además, se requiere, que esta plataforma tenga la capacidad de generar interoperabilidad con entidades como el ICA, el Invima y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En materia regulatoria, la OCDE ha señalado que en el país estamos llenos de trámites y los asuntos aduaneros y de comercio exterior no son la excepción. Razón suficiente para pensar en que las empresas, los exportadores y en general los operadores del comercio exterior, necesitan una legislación más simple con menores trabas burocráticas que les permitan reducir el costo país y por ende trabajar para fortalecer la competitividad y la productividad empresarial.

Al complejo sistema aduanero y de comercio exterior ahora se suma la reglamentación del régimen sancionatorio aduanero. En el 2021 la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la Ley marco de aduanas que le permitía al Gobierno nacional establecer el régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías por medio de decreto. Desde el gremio y, en general el sector privado, se insiste en la necesidad de que el nuevo sistema sea más justo, transparente, proporcional y que gradúe las consecuencias de los errores formales frente a otras conductas reprochables como el contrabando.

Al lograr una regulación más simple y apoyada en tecnología que garantice el control de las operaciones, la economía colombiana podrá lograr una mayor inserción internacional que pueda aprovechar los cambios en los patrones comerciales que trajo consigo la pandemia.

En complemento a lo mencionado anteriormente esta política deberá garantizar un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, un entorno seguro de inversión racionalizar las barreras no arancelarias y generar estímulos a la competitividad y productividad de las empresas basados en la provisión de servicios como: infraestructura de calidad (incluyendo laboratorios) política de admisibilidad sanitaria, desarrollo de infraestructura logística, entre otras medidas.

El llamado al nuevo gobierno es a priorizar estas propuestas ya que el comercio exterior es primordial, no sólo para el ingreso de divisas y la posibilidad de que los ciudadanos accedan a bienes y servicios a un costo menor, sino que es un sector ancla para la productividad y competitividad, lo que a la larga contribuye al crecimiento económico tan necesario para llevar a cabo las propuestas en materia social que tanto espera el país.