Lo urgente vs lo importante

La ley 2155 de 2021 le permite al Gobierno recuperar parte de las finanzas y recursos que, por cuenta de la pandemia en 2020, tuvo que destinar para programas como el Ingreso Solidario o el Programa de Apoyo Formal al Empleo (PAEF), los cuales fueron renovados hasta el 31 de diciembre de 2022, en tanto se consolida el proceso de reactivación económica.

Estos recursos también financiarán el programa de incentivo para la creación de empleo, enfocado en la generación de nuevas plazas de trabajo para jóvenes entre 18 y 28 años y mujeres, principales afectados por la pérdida de empleos en 2020. Estos elementos son lo que podríamos decir, lo urgente, las necesidades básicas para superar la crisis económica y social y enviar el mensaje adecuado de confianza, tanto a inversionistas extranjeros, como a las calificadoras de riesgo para recuperar el grado de inversión perdido por no haber tramitado a tiempo la reforma tributaria que fue parte de las motivaciones para el estallido social de mitad de año que representó, a su vez, un nuevo golpe al comercio y la industria.

Es importante recordar que buena parte de estos recursos serán aportados por las empresas del país que, entendiendo el complejo momento que atraviesa el país, estuvieron de acuerdo con mantener el impuesto sobre la renta en 35% a pesar de que estaba prevista una reducción en este tributo, además se eliminaron los beneficios para descontar el Impuesto de Industria y Comercio y el sector financiero tendrá una sobretasa del 3% en su renta gravable entre el 2022 y el 2025.

Hace falta lo importante. Por un lado, que los incentivos para la creación de empleo den el resultado esperado y que además la reactivación en el consumo se traduzca en más puestos de trabajo formales. Y por otro lado, lograr una reforma laboral que permita poner al día a nuestro país ante las nuevas industrias. No hay mejor reforma social que ofrecer ingresos estables y formales que a su vez representen ingresos para trabajadores y Estado.

También, es indispensable fortalecer la seguridad jurídica pues esta reforma tributaria se queda corta, aunque para el momento e impacto que ha tenido la pandemia en el país no habría forma de algo diferente, frente a los anhelos de una reforma estructural que ponga fin a los proyectos de ley de pañitos de agua tibia cada dos o tres años. Si bien Colombia se ha caracterizado por un manejo responsable de la macroeconomía y ese es uno de sus argumentos fuertes en materia de atracción de inversión, sumado a otros factores, los constantes cambios en la legislación empresarial ponen a más de uno a dudar.

El reto es enorme y esto es lo importante. Desde ya sabemos que el próximo Gobierno tendrá que enfrentarse de nuevo a una situación fiscal apremiante y debemos prepararnos para que, ojalá, sea la reforma profunda y bien estructurada para poner fin a la incertidumbre jurídica, ponernos al día en los retos que generó el comercio internacional postpandemia con el crecimiento digital exponencial, con incentivos para la sostenibilidad y el nearshoring como la manera de reorganización del comercio de bienes para aprovechar las ventajas de los acuerdos
internacionales y la cercanía geográfica a nuestro mayor socio comercial.

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