La Corte Constitucional da luz verde al Acuerdo de Facilitación del Comercio de OMC – impulso a estrategia del Gobierno
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Comercio (MinCIT)
La Corte Constitucional, al considerar que era compatible con la Constitución Política, declaró exequible el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC): “Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio”, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014, y la Ley 1879 de 9 de enero de 2018, por medio de la cual se aprueba dicho protocolo.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, calificó esta acción como un espaldarazo a la estrategia de Facilitación del Comercio, que hace parte de la Política de Comercio Exterior.
El Acuerdo de Facilitación del Comercio ya se ha ratificado en 147 países de los 164 que hacen parte de la OMC y establece nuevas disciplinas en materia de procedimientos y trámites aduaneros, que van en línea con los esfuerzos que ha adelantado el Gobierno Nacional para agilizar y hacer más eficientes las operaciones de comercio exterior.
A pesar que Colombia aún no ha ratificado el acuerdo, ha puesto en marcha algunas acciones que han permitido avanzar en la facilitación del comercio, como la instalación de la Mesa Permanente de Facilitación del Comercio, en la cual ya se han llevado a cabo 15 encuentros. En estas 15 mesas, se han identificado más de 210 acciones de mejora y se ha avanzado en el 80% de ellas.
El acuerdo contempla varios componentes e incorpora la obligación multilateral de implementar instrumentos como la asistencia y cooperación aduanera entre los miembros de la OMC, el intercambio de información permanente entre los países, el fortalecimiento de las disciplinas de transparencia en la gestión aduanera, y el manejo del control aduanero de acuerdo con sistemas de administración de riesgo. De igual modo, el acuerdo abarca la adopción de instrumentos para fortalecer la seguridad jurídica.
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