Editorial: Marco fiscal del mediano plazo 2019
El Gobierno nacional presentó recientemente el Marco Fiscal de mediano plazo, que es su carta de navegación en materia fiscal con un horizonte de diez años. En este documento, el Gobierno envía a los agentes económicos un mensaje muy claro: no habrá una nueva reforma tributaria en el 2020, con la cual deja sin piso las apreciaciones que algunos analistas estaban haciendo respecto de la necesidad de un nuevo ajuste en este campo, dado los efectos que en los ingresos tendrá en el próximo año la Ley de Financiamiento.
La gran apuesta del Gobierno para incrementar sus ingresos fiscales es un mayor crecimiento económico (3,6% en 2019), de la mano de la implementación de la factura electrónica y el fortalecimiento de la DIAN. Esto contrarrestará el menor recaudo generado por las exenciones tributarias otorgadas en la pasada Ley de Financiamiento.
El Gobierno espera que el mejor desempeño de la economía se dé por un repunte en la inversión privada (sobre todo en 2020) antes que por una mayor eficiencia en el gasto público.
El crecimiento estimado de la economía a partir del 2020 estará sobre el 4%.
La meta de déficit fiscal sigue situada en 2,4% del PIB, a pesar de que el comité de regla fiscal lo permite hasta 2,7%. Se proyectan superávits primarios desde 2019, con lo que se tendría una mayor credibilidad ante las calificadoras de riesgo. Un menor crecimiento económico al esperado reduciría los ingresos fiscales del país y con ello se tendría un mayor déficit fiscal (que alcanzaría el techo aprobado en el comité de regla fiscal).
Como porcentaje del PIB, no se esperan incrementos sustanciales en los ingresos totales del GNC. De hecho, se reducirán por efecto de ingresos no tributarios.
Las exportaciones crecerán apenas 4% en 2019, mientras que las importaciones en un 9,5%. Se espera un mayor aporte en los próximos años de las exportaciones no tradicionales y una menor participación de las exportaciones tradicionales, por menores ventas de petróleo al extranjero. También se prevé que las importaciones crezcan y se concentren en bienes de capital, en línea con los incentivos planteados en la Ley de Financiamiento.
Para las exportaciones de petróleo se tiene una proyección promedio de USD 65,5/barril para el precio Brent y un precio de USD 58,4/barril en la canasta colombiana. Para las exportaciones de carbón, el precio se reducirá 6% en 2019 y se tiene una perspectiva de mediano y largo plazo a la baja, por la transformación en la matriz energética de los principales países desarrollados y una demanda creciente de gas natural licuado.
Se espera tener recursos de capital para 2019 de COP 21,7 billones (frente a COP 11,7 billones en 2018), por mayores dividendos de Ecopetrol y privatizaciones. Para 2020 se espera también tener recursos de capital por COP 22,7 billones, debido a privatizaciones de activos no estratégicos para la nación, que serán dados a conocer de forma oportuna.
El gran interrogante es qué pasa si la economía no logra alcanzar las metas de crecimiento proyectadas.
Cuál es el plan alternativo en caso de que, por ejemplo, debido al conflicto comercial entre EEUU y China la economía internacional registre un menor crecimiento y lleve a que la economía nacional crezca igualmente a un menor ritmo.
De igual manera, el documento no hace referencia a los costos y gastos que demanda la implementación del proceso de paz. ¿Qué efectos puede tener ello en la racionalización o disminución del gasto público? El debate está abierto y ojalá la discusión pública permita darle mayor certidumbre al futuro fiscal del país en el mediano plazo.
Por: Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo Analdex
