Los trámites que rezagan las ventas externas del país

El exceso de trámites detrás de un marco legislativo que agrupa 1.300 normas, las innumerables revisiones aduaneras y los retrasos por falta de un transporte multimodal son algunas de las razones que el gremio exportador resalta como las causas del rezago en el tiempo y el alto costo que significa sacar productos colombianos para vender en otros países.

“El problema grave que tiene un exportador son los vistos buenos, los requisitos. Tenemos una cantidad de permisos previos, con un agravante: los plazos de cada uno”, dijo William Londoño, gerente de la Agencia de Aduanas CEA.

Según cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), mientras en un país como México el tiempo promedio para exportar son 20 horas, es decir, menos de un día, en Colombia el proceso se tarda 300 horas, 12,5 días, que incluye el transporte desde la ciudad de origen hasta el puerto o zona franca.

El reporte de Doing Businness 2019 (DB), dice que el tiempo aproximado en la frontera para que un container sea exportado es de 112 horas, es decir, 4,6 días. Mientras que el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) es de 61,9 horas, lo equivalente a dos días y medio. Esta misma cifra en los países de la Ocde es mucho menor, apenas 12,5 horas. Esto quiere decir que, en los puertos de Colombia el envío de containers es 8,9 veces más retrasado que hacerlo desde un país de la Ocde, según el promedio.

Por otro lado, los costos en las operaciones aduaneras, dice el DB, en Colombia totalizan aproximadamente 630 dólares, un poco más que en ALC, que se registra en 529,8 dólares. Mientras que el promedio de la Ocde es de solo 139,1. Es decir, exportar desde Colombia es 4,5 veces más caro que el promedio de la Ocde.

En cuanto a los trámites previos que se necesitan para sacar mercancías para vender en otros países, el DB señala que en el país se tardan unas 60 horas y el gasto es de 90 dólares. No obstante, el promedio de ALC no se aleja del local, es de 52,5 horas, incluso, el precio es un poco mayor: 110,4. Sin embargo, tanto Colombia, como los otros países de la región, tienen un rezago significativo en este punto frente a la Ocde, que tarda solo 2,4 horas y cuesta 35,2 dólares.

Esto quiere decir que las empresas colombianas pagan 2,5 veces más en trámites de legalización de mercancías que el promedio de la Ocde. Y en tiempo resulta ser 25 veces más que el de dicha Organización al que pertenecen países con buenas prácticas.

Detrás de la exportación

En la guía para exportar bienes elaborada por Procolombia, entidad suscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se identifican siete pasos para que un empresario pueda vender en el exterior sus productos. Por un lado, está el registro como exportador. “Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) en cualquier oficina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) o SuperCade”, dice la página de la entidad en la descripción de ese primer paso (ver Claves).

Sin embargo, allí se encuentra una de las primeras trabas. Juan Carlos Vélez, gerente de Zofiva, una zona franca de Caldas, Antioquia, resaltó que una empresa no puede pertenecer al Régimen Simplificado para poder exportar.

“Allí está uno de los inconvenientes legales, porque debe trasladarse al Régimen Común y eso implica una serie de obligaciones tributarias mayores, lo cual significa un gasto adicional para los empresarios”, puntualizó.

Y si el plan del Gobierno es que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se conviertan en la base exportadora del país, la pregunta es ¿por qué no se les facilitan más los trámites?

De hecho Santiago Jaramillo, dueño de la marca Slim Active, una pequeña empresa local, resaltó que en su primer intento para exportar una carga de productos se demoró seis meses y perdió su cliente extranjero.

“Si es difícil, costoso y demorado para las grandes compañías, ahora imagínese lo que es para una pequeña empresa”, dijo el empresario.

Un informe de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), señaló que las exportaciones del país se concentran en 53 grandes empresas que pueden sobrepasar todas estas limitantes, pese a lo costosas que llegan a ser.

Dichas compañías exportaron el año pasado 29.787 millones de dólares en bienes minero energéticos y otros tradicionales, y representan el 71 % de los 41.831 millones de dólares que vendió Colombia en 2018 al extranjero.

Sin embargo, Saúl Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo Empresarial, resaltó que desde el 7 de agosto se han identificado 157 ‘trabas’ a las que se enfrenta el sector exportador y que ya están trabajando para reducirlas.

“Hemos realizado 12 mesas de comités de facilitación del comercio para reducir el tema aduanero, el portuario, el tiempo de despacho de las mercancías y cómo tener una mayor interoperabilidad de las distintas entidades que deben tener control sobre la actividad exportadora”, resaltó.

De las trabas, el viceministro resaltó que más del 50 % ya tienen acciones en proceso o acciones concluidas. “Nos falta avanzar, pero lo que quiero decir es que esa percepción de parálisis que encontramos en la facilitación de comercio se ha resuelto conjuntamente con el sector privado”.

La meta es que se pueda reducir en un 30 % el tiempo de despacho de esas mercancías cuando haya concluido el Gobierno de Iván Duque.

Pineda insistió en que sí hay un “estado actuante” que no tiene autocomplacencia y avanza en los temas que aún están pendientes. “En el marco de Colombia ágil, hemos intervenido desde septiembre hasta abril 615 procesos entre trámites engorrosos, normas obsoletas, que garantizan un ahorro en trámites de 20.000 millones de pesos para los empresarios”.

La contraparte

Pese a que los exportadores reconocen un avance en cuanto a la implementación de tecnología, señalan que hay un retraso que, muchas veces, además de realizar el trámite de manera digital, deben imprimirlo físicamente para firmarlo.

“Es increíble que, incluso con los países que hay acuerdos comerciales vigentes, exijan algo en original y no con una firma electrónica”, recalcó Vélez.

Adicionalmente, con respecto al marco normativo aduanero que totaliza cerca de 1.300 normas, Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, resaltó que uno de los temas prioritarios era su unificación. “Llevábamos trabajando en eso más de cinco años”.

A lo que se refiere Díaz Molina es que el Decreto 390 de 2016, conocido como el Estatuto Aduanero, debía empezar a regir a los dos meses de emitido. La idea era que funcionara en un marco de un sistema informático de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (Dian). Sin embargo, la entidad no contaba con ese sistema. ¿Qué hizo el Gobierno? Dividir el decreto en varias resoluciones para poder aplicarlo. “Nos estábamos enredando con la cantidad de normativas y resoluciones que hay y se contradicen entre ellas. Nos cambian las reglas del juego a cada rato”, dijo Londoño.

Hace tres semanas, en el marco del 2.º Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos, José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señaló que la siguiente semana el presidente lo firmaría. Sin embargo, solo hasta el martes pasado se emitió la norma condensada en el Decreto 1165 de 2019. La sensación gremial es que como el mandatario había tenido que atender otros temas de orden político y público, no había podido resolver esta petición. Sin embargo, hacen un llamado para que se puedan aliviar más trabas a las que se enfrentan los empresarios a la hora de exportar.

“Este es un primer paso fundamental para lograr el objetivo que Colombia pueda ser más competitiva a la hora de exportar. Tenemos que ver cómo hacemos las cosas más simples. Lograr un balance entre facilitación y control”, añade Díaz.

Lo que hace el libro, señala Nader Samih Naufal, jefe de aduanas del Grupo Familia, es recoger los retazos de todas las normas que han emitido, juntando decretos y leyes.

“El Ministerio regula una parte, la Dian otra, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) otra, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) otra”, resalta.

El nuevo decreto es un buen mecanismo en el que esas normas se compilan y así poder dar aplicación de manera integrada, lo cual no sucedía hasta la fecha. “Avanzamos en seguridad jurídica para los usuarios del comercio exterior, a través de la armonización y consolidación de las normas vigentes en materia aduanera”, dice el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Sin embargo, Vélez resalta que el libro solo facilitaría la interpretación jurídica, pero que la normativa sigue siendo “muy robusta”. A esto, Naufal añade que es absurdo tener una legislación aduanera de 1.300 artículos. “Si se compara la de Perú, Bolivia, República Dominicana, allá no pasan de 70”.

El gremio resalta que es esencial que el Gobierno se siga enfocando en el aprovechamiento de los 16 acuerdos comerciales vigentes. Si bien es importante que se concentren en no firmar más tratados, como asegura el viceministro y en hacer diplomacia comercial para aprovecharlos, también se deberían homologar los registros sanitarios y fitosanitarios. Según el gremio, “es esencial para ser más competitivos”.

1.300 normas surgieron a partir del desglose del Estatuto Aduanero. Esto desembocó en múltiples interpretaciones jurídicas de las entidades legislantes que finalmente retrasan las exportaciones.

Fuente: El Colombiano