Analdex y Fenalco demandarán por inconstitucional incremento de aranceles a confecciones en Plan Nacional de Desarrollo

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El Presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, y el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, manifestaron su preocupación por la aprobación que le dieron Cámara y Senado a los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales imponen un arancel de 37,9% a la importación de confecciones y establecen un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional.

Los dirigentes gremiales anunciaron que demandarán ante la Corte Constitucional estos artículos del PND, porque al incrementar los aranceles por esta vía, el Congreso desbordó la atribución legislativa del artículo 150, numeral 19, literal c) de la Constitución Política, que solo permite al Congreso de la República dictar normas generales, señalar objetivos y criterios, e invadió las competencias del artículo 189, numeral 25 de la misma, en cuanto a la facultad del Gobierno Nacional de modificar aranceles.

“La decisión que tomó el Congreso tendrá un impacto directo en las clases media y baja que tendrán que pagar hasta 25% más en sus compras de vestuario”, alertó Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco.  “El vestuario es el cuarto rubro con mayor peso en la canasta familiar después de alimentos, vivienda y transporte. Por eso, incrementar los aranceles tiene un efecto regresivo”, puntualizó.

Por su parte, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, reiteró su preocupación por las posibles retaliaciones que esta medida pueda generar por parte de algunos socios comerciales, las cuales afectarían a los exportadores colombianos. “Esta  decisión va en contravía de lo suscrito por Colombia en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional”, explicó.

Los dirigentes gremiales alertaron sobre el estímulo al contrabando que genera el incremento en los aranceles, debido a que le da una ventaja de cerca de 50% a las confecciones que entran de forma ilegal al país. “El comercio formal, la producción nacional y la inversión extranjera y nacional se verán muy afectadas”, señaló Díaz Molina.

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