Editorial

El Plan Nacional de Desarrollo define la hoja de ruta que el gobierno nacional ha estructurado para desarrollar durante su cuatrenio.

Ese propósito, infortunadamente se ha ido desdibujando y ahora se concibe como una gran colcha de retazos donde los diferentes sectores o grupos de la sociedad tratan de dejar plasmados sus intereses específicos, perdiéndose en buena medida el interés general.

Un buen ejemplo de esta situación se percibe cuando se considera lo que está ocurriendo en el congreso con la discusión respecto de los aranceles.

Un sector específico, en este caso el referido a las prendas de vestir, logra que un grupo de congresistas introduzca en el proyecto de ley del plan dos artículos concretos mediante los cuales se incrementan de manera extraordinaria los aranceles para las confecciones ¿Refleja esto el interés general? En absoluto. ¿Por qué en el Plan solo se plantea el incremento
de aranceles para un sector específico? ¿Qué pasa con los otros sectores? ¿Esta disposición específica refleja o recoge la política arancelaria del gobierno? En absoluto. Se trata simplemente de la captura de la política arancelaria por parte de un sector económico para sus propios intereses, en
contra, en este caso, de los consumidores que ahora tendrán que comprar sus prendas con un incremento en los precios que puede ser hasta del 200%.

Pero el tema no se queda ahí, la inclusión de estos artículos iría en contravía de lo suscrito por Colombia en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional, generando una violación a los mismos y exponiendo a la nación al incumplimiento de tratados internacionales. El país puede preciarse de ser un fiel cumplidor del marco normativo internacional, pero esta iniciativa estaría en contra de su tradición.

Del mismo modo, es posible que algunos socios comerciales presenten medidas retaliatorias frente a esta disposición, lo cual deja al país en una posición desventajosa para la estrategia de diversificación de mercados que permitiría internacionalizar la economía e incrementar las exportaciones del país.

En cuanto al espíritu de lo que buscan los dos artículos, incrementar el arancel de las confecciones importadas al país para proteger la industria nacional puede, por el contrario, aumentar el ingreso ilegal de los productos que se pretendan proteger, pues se estaría ampliando el margen de rentabilidad del contrabando del sector. El aumento del contrabando de prendas de vestir afectaría aún de mayor manera a los confeccionistas del país. En ese sentido, la norma terminaría favoreciendo el comercio ilegal de mercancías. La evidencia muestra que en el pasado, cuando se tomaron medidas similares, como en efecto ocurrió entre 2013 y 2017 el contrabando continuo y la subfacturación de precios aumento.

Igualmente entre el 2013 y 2017, se colocaron este tipo de medidas para países con los cuales no se tienen suscritos TLC´s lo que se presentó fue la triangulación de las mercancías.

Así pues, la evidencia muestra que este tipo de medidas no tiene un efecto positivo real sobre la industria nacional y si termina afectando a los consumidores.

Por su parte y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país, emanado de la Constitución Política del país, corresponde al Ejecutivo modificar, por razones de política comercial, los aranceles que aplican en el país para los bienes que son importados al territorio nacional. De llegar a aprobarse estos dos artículos, se estaría generando un corto circuito en el Estado a través de la imposición de normas que le corresponden a otra rama. En ese sentido, advertimos con preocupación que el Legislativo se tome atribuciones que le corresponden al Ejecutivo por el ordenamiento jurídico que parte de la Constitución Política colombiana.

Ojalá el Congreso de la República no apruebe estos dos artículos de incremento de aranceles a las confecciones y se adopte por parte del ejecutivo medidas tendientes a controlar de manera efectiva el ingreso de bienes con precios subfacturados o abiertamente ilegales, y sea por esta vía que se defienda a la industria nacional de la competencia desleal.

Por: Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo Analdex